Acuerdo Gobierno-FMI:Deuda récord y desarrollo en retirada

En abril de 2025, Argentina firmó un nuevo acuerdo con el FMI bajo facilidades extendidas. Se prevén desembolsos por 20.000 millones de dólares este año, complementados por créditos del Banco Mundial, el BID y la CAF. La prioridad declarada: reforzar reservas y estabilizar el dólar en una banda de 1.000 a 1.400 pesos. Pero tras esta arquitectura financiera, no hay un plan de desarrollo nacional.

La exposición al FMI treparía a los DEG 43.100 millones en 2026 (58.788 millones de dólares), superando el 100% de las reservas brutas y manteniéndose por encima del 1.000% de la cuota durante años. Nunca antes se registró una dependencia externa de esta magnitud. Lejos de financiar infraestructura o innovación, estos fondos se destinan a cumplir metas contables. En paralelo, se reemplaza deuda con el BCRA por deuda externa a una tasa mayor (5,63%), deteriorando el perfil de vencimientos futuros y encareciendo el costo fiscal.

Las metas impuestas no priorizan la economía real. El foco en acumulación de reservas se impone con ambigüedad: el informe del FMI cierra en marzo, antes del pico de deterioro de reservas netas, y no aclara con precisión qué ítems considera como tales. La meta para el segundo trimestre oscila entre 5.500 y 6.500 millones de dólares, dependiendo del cómputo. Esta discrecionalidad le da al Fondo un poder político desproporcionado.

Mientras tanto, la inversión pública cae en picada: en 2024, se desplomó un 77,3% interanual en términos reales. Provincias y municipios paralizaron obras esenciales. Esto anula el efecto multiplicador de la obra pública: en un país con profundas brechas territoriales, la falta de infraestructura no solo frena el crecimiento, también multiplica desigualdades.

Inversión en baja
Un caso emblemático es el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), cuya inversión de 2.500 millones dólares generó 40.000 empleos y permitió ahorrar 900 millones de dólares en importaciones energéticas en 2024. Fue apenas el 0,4% del PIB, pero movilizó 48.000 caños, 2.300 equipos pesados y explicó el 12% del PBG de las zonas atravesadas (según el Informe sobre impacto social, económico y productivo del GPNK, UBA, Fsoc, 2023). Su segunda etapa, también de 2.500 millones de dólares, está hoy suspendida. Lo mismo ocurre con la reversión del Gasoducto Norte, que podría ahorrar hasta 1.000 millones de dólares al año en sustitución de importaciones de gas boliviano.

Ambos proyectos podrían aportar ahorros y exportaciones por 6.250 millones de dólares anuales antes de 2030, equivalentes a casi un tercio de las reservas netas que se buscan recomponer vía deuda. Sin embargo, el desfinanciamiento se impone. También quedó congelado el proyecto de planta de licuefacción en Bahía Blanca, previsto por YPF y Petronas con una inversión de 10.000 millones de dólares. En su lugar, se apuesta a desarrollos privados de menor escala, como el FLNG de PAE en Río Negro.

La historia reciente demuestra que la inversión pública no solo mejora el presente: construye futuro. Entre 2011 y 2015, promedió el 3% del PIB, impulsando rutas, hospitales, escuelas técnicas y energía renovable. En 2022, pese a un contexto adverso, se amplió Vaca Muerta, se ejecutaron obras como la ET Gran Mendoza y se consolidaron parques industriales y clusters tecnológicos. En todos los casos, los beneficios multiplicaron lo invertido.

Además, la obra pública no es solo cemento: es innovación. Desde satélites como los SAOCOM hasta desarrollos en energía nuclear o startups científicas, la inversión estatal permitió construir sectores de alto valor agregado que ningún actor privado habría financiado solo.

Hoy, sin embargo, predomina una lógica de ajuste y retraimiento estatal. Bajo la consigna de la “eficiencia”, se desfinancian programas estratégicos (como el Carem, un reactor nuclear modular de potencia baja desarrollado en Argentina para generación eléctrica y aplicaciones científicas, concebido como prototipo de una tecnología exportable), se paralizan proyectos productivos y se agravan las brechas estructurales: la energética, la digital y también la del agua. En zonas del norte argentino, miles de familias no acceden a agua segura. Esa exclusión también es económica: impide educación, salud y actividad productiva. Cada red de agua o cada transformador eléctrico no es un gasto: es una base para el desarrollo.

El Estado no puede ser reemplazado por un mercado que solo expande enclave y desigualdad. Mientras los pagos a acreedores crecen, se recorta donde más se necesita. Y en esa ecuación, la estabilidad es apenas un espejismo si no se acompaña con integración federal y producción. La deuda, sin desarrollo, no resuelve nada. Solo prolonga una decadencia administrada. Recuperar la inversión pública no es ideología: es sentido común.

Nota Página 12-Por Hernán Herrera / Investigador del Instituto Argentina Grande