El Senado le puso un límite a la motosierra y dejó a Milei contra las cuerdas

El gobierno enfrentó su mayor derrota parlamentaria y eligió jugar al límite: acusó al Senado de dar un “golpe institucional”. Por unanimidad, la oposición convirtió en ley el aumento a las jubilaciones junto con la actualización del bono y la emergencia en discapacidad. También sancionó la prórroga de la moratoria previsional e insistió con la creación del Fondo de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, que el propio Milei había vetado. Además, el Senado avanzó con los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ahora deberán ser tratados en Diputados. Acorralado y con la mayoría de los gobernadores en pie de guerra, el oficialismo intentó desconocer la validez de la convocatoria; luego, la de los dictámenes. Finalmente, una sospechosa caída del sistema obligó a votar a viva voz el aumento a los jubilados. Los libertarios abandonaron el recinto para no legitimar la sesión. Con el Senado aún sesionando, Milei anunció desde la Bolsa de Comercio que vetará las iniciativas. 

Pese a las presiones de la Casa Rosada, la sesión autoconvocada reunió un quórum mayor al esperado: 42 senadores se sentaron en sus bancas para dar inicio a una jornada clave para jubilados y colectivos de personas con discapacidad, que rodearon el Congreso en busca de una respuesta política alejada de la crueldad y la lógica de la motosierra. Como si fuera miércoles, Patricia Bullrich desplegó un dantesco operativo de seguridad con el objetivo de desmovilizar la protesta. En total la oposición avanzó con siete expedientes que expusieron el fracaso del gobierno para negociar y su fragilidad parlamentaria. 

El número necesario para habilitar la sesión se alcanzó con la presencia de 33 de los 34 integrantes de Unión por la Patria; los radicales Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Mercedes Valenzuela, Daniel Kroneberger y Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila, del PRO; Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. La contundencia de las iniciativas aprobados por unanimidad o con amplias mayorías chocó con la narrativa del gobierno, que acusó a la Cámara alta de estar protagonizando un “golpe institucional”. La oposición, ahora, deberá reunir nuevos consensos para insistir contra los vetos, especialmente en el caso de las jubilaciones. 

Con la sesión iniciada, el oficialismo activó una burda estrategia: declarar inválida la autoconvocatoria de los senadores, aunque se trataba de un sesión ordinaria. El encargado de hacerlo fue el jefe del bloque, Ezequiel Atauche, quien repitió el libreto dictado por Santiago Caputo desde la Casa Rosada: “La cantidad de nulidades es infinita, y por ende vamos a impugnar y no vamos a reconocer los dictámenes ni la validez de esta sesión autoconvocada y sin antecedentes”. En una interpretación forzada del reglamento, Atauche se amparó en dos artículos que, según él, impiden a los senadores autoconvocarse. Las respuestas no tardaron en llegar: fue duramente cuestionado por obstaculizar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto —que preside— y que debía haber convocado para tratar los proyectos. “Debería renunciar a la presidencia de la Comisión”, le sugirió el senador José Mayans.

En efecto, el jujeño cumple en el Senado el mismo rol que José Luis Espert en Diputados: bloquear el trabajo de las comisiones para cuidar el superávit ficticio del gobierno libertario. Con las comisiones paralizadas, la oposición se autoconvocó la semana pasada y obtuvo los dictámenes que el oficialismo intentó desconocer. El primer revés de la jornada llegó cuando los bloques opositores aprobaron la validez de los expedientes, habilitando su tratamiento con mayoría simple. Fue entonces cuando la Casa Rosada lanzó una nueva ofensiva: Patricia Bullrich acusó a Victoria Villarruel de ser “cómplice del kirchnerismo” y le exigió que abandonara el recinto. La vicepresidenta intentó salvar al gobierno al considerar que los dictámenes carecían de validez, pero fue acusada de cometer un “grave error de intrusión”. “Usted representa al Ejecutivo, usted no puede considerar; usted debe poner a consideración del pleno. Es como si un árbitro quisiera patear un penal”, la cruzó Mayans. La votación se impuso por 42 votos a favor y 17 en contra, y permitió iniciar el debate tras dos horas de tensas discusiones reglamentarias

Jubilaciones

La estrategia de Unión por la Patria fue ordenar el tratamiento de los proyectos de forma tal que obligara a los senadores dialoguistas a mantenerse en sus bancas. La noche anterior, los diez gobernadores del extinguido Juntos por el Cambio habían resuelto no respaldar las iniciativas previsionales. El cronograma fue clave: si se hubiera comenzado por los proyectos impulsados por los gobernadores, el quórum habría estado en riesgo. El primer proyecto aprobado fue el que establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, eleva el bono extraordinario —congelado en 70 mil pesos desde hace más de un año— a 110 mil pesos y dispone su actualización automática según el índice de movilidad. También contempla el giro de fondos de la ANSES a las provincias con cajas previsionales no transferidas. La medida se aprobó con 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones. Entre quienes acompañaron el proyecto estuvieron el senador del PRO Luis Juez y el correntino Camau Espínola, ahora filo-libertario.

Los senadores tuvieron que votar a viva voz y a mano alzada debido a la caída del sistema, que dilató los tiempos. “Me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible del tablero. Es una vergüenza lo que están haciendo. Usted debería salir de la sesión, retírese y entregue la presidencia a Silvia Sapag”, chicaneó Mayans a Bartolomé Abdala, que presidía en ese momento. Una hora más tarde se aprobó con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención la prórroga de la moratoria previsional que el gobierno dejó vencer en marzo. Obtuvo la mayoría de dos tercios de los presentes. Es el número que deberá analizar el gobierno a la hora de vetar. La senadora Sapag presidió esa votación, cuyas actas no pudieron difundirse como es habitual.

Emergencia en discapacidad

El Senado también sancionó por unanimidad la ley de emergencia para personas con discapacidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra. La norma declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisión periódica, e incluye: la actualización automática del nomenclador de prestaciones en base al IPC, la recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre de 2023 según inflación acumulada y la actualización mensual de las pensiones no contributivas. Durante el debate, el senador Luis Juez afirmó: “Este tema me atraviesa. La sociedad mira, pero no ve. Quizás hay una mirada de lástima, pero nuestros hijos son invisibles. No puedo hacerme el tonto, esta ley viene a reparar”. El cierre estuvo a cargo de Anabel Fernández Sagasti que habló de una crisis de valores: “Hay una emergencia moral y de valores. Esto no es un tema entre privados, como dijo el Gobierno nacional. Ni siquiera es una cuestión de caridad. Es una cuestión de derechos, y de derechos internacionales”.

Emergencia para Bahía Blanca
Por segunda vez, el Senado aprobó por unanimidad la emergencia para Bahía Blanca y rechazó el veto impuesto por Javier Milei con 51 votos afirmativos. El presidente había vetado la norma mediante un decreto publicado el 24 de junio, alegando que el Ejecutivo ya había girado los 200 mil millones de pesos previstos en la ley sancionada por el Congreso para atender el desastre climático. Finalizada la votación, la senadora Juliana Di Tullio traspasó la responsabilidad a la Cámara Baja: “Así como la Constitución contempla el veto presidencial, también contempla la insistencia del Senado con dos tercios de los presentes. Aunque Milei no quiera, nosotros insistimos. Ahora debemos alcanzar los dos tercios en Diputados para que efectivamente sea ley”.

La hora de los gobernadores

Con cuatro derrotas acumuladas, el gobierno sufrió un nuevo revés cuando el Senado comenzó a tratar los proyectos impulsados por los gobernadores para automatizar el reparto de los ATN y hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Ambos fueron debatidos sobre tablas al no contar con dictamen previo y habilitados con una mayoría agravada de 54 votos. Las dos iniciativas se aprobaron con 56 votos a favor y solo uno en contra, el de Luis Juez. Ahora deberán obtener media sanción en la Cámara de Diputados. 

“El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se cayó y se sostuvo en las provincias, universidades, jubilados y los más vulnerables. Ésta es la verdadera situación. Tienen controlados los principales precios de la economía: acuerdos salariales, tipo de cambio, y precio de bienes y servicios" dijo el senador Fernando Salino vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La ofensiva de Milei contra los mandatarios, declarando la guerra a las provincias en la antesala de la sesión, no logró frenar la avanzada. Tampoco surtieron efecto las presiones sobre los gobernadores de Juntos por el Cambio: ninguno aceptó votar en su propia contra.

Nota Página 12-Por Paula Marussich