Con fervor y lucha en Junín: familias y organizaciones exigen que Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Ayer por la tarde, en nuestra ciudad de Junín, se llevó a cabo una marcha en la Plaza 25 de Mayo para exigirle al gobierno nacional de Javier Milei la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue aprobada dos veces por el Congreso, la última tras el veto presidencial que luego fue rechazado por ambas cámaras.

La convocatoria comenzaba a las 17 hs y, aunque nuestra ciudad no suele destacarse por la participación masiva en este tipo de reclamos, la memoriosa marcha reciente en defensa del financiamiento universitario -una de las más numerosas de los últimos años- generaba la expectativa de una mayor concurrencia. Sin embargo, fue conmovedor ver la fuerza y el compromiso incansable de los organizadores y familias, junto a la Multisectorial de Jubilados, que siempre acompaña en la lucha por los derechos sociales.

Durante el acto, se escucharon discursos en los que se reclamó la aplicación efectiva de esta ley crucial para garantizar la vida digna de las personas con discapacidad y sus familias. Se denunció la “crueldad inédita” del gobierno de Milei, que ha congelado y desfinanciado el sistema de atención para este sector, generando un colapso con pérdida de prestaciones, talleres protegidos y prestaciones médicas esenciales, en un contexto de recortes que vulneran derechos básicos desde la vuelta de la democracia.

Ante la indiferencia de transeúntes y algunos curiosos al principio, los manifestantes decidieron cortar la calle temporalmente para visibilizar su reclamo y que los vecinos no puedan ignorar el duro impacto que la política actual tiene sobre miles de argentinos con discapacidad, quienes sufren un abrupto deterioro en sus condiciones de vida desde la llegada de Milei al poder.

Esta movilización se suma a otras que se replicaron a nivel nacional, entre ellas la concentración en Plaza de Mayo el mismo miércoles, donde organizaciones, prestadores y familias renovaron el pedido para que se cumpla la ley que declara la emergencia nacional hasta diciembre de 2027 y que busca frenar la quita arbitraria de pensiones, garantizar prestaciones y actualizar los costos del sistema de atención. A pesar de la aprobación unánime en el Congreso y la anulación del veto del Ejecutivo, el gobierno suspendió su aplicación con decretos que congelan el financiamiento, poniendo en riesgo la calidad de vida de más de 250.000 personas con discapacidad en todo el país.

Las organizaciones denuncian que esta falta de cumplimiento provoca cierres de centros de atención, pérdida de prestaciones y la desprotección de miles de familias y trabajadores que sostienen el sistema.

Junín fue sido testigo ayer de un acto de coraje y dignidad donde se unieron el reclamo colectivo y la solidaridad multisectorial, dejando claro que la discapacidad no puede ni debe esperar más y que no importa cuántos sean en la calle reclamando sino que el gobierno escuche y cumpla con la gente.