Discapacidad, ciencia y salud: la cara más cruel del Estado inhumano

Con horas de diferencia, una pediatra se puso a llorar por las condiciones en las que trabajan en el Hospital Garrahan, un nene con autismo rogó que se les pague a sus terapeutas para poder seguir sus tratamientos, una mamá contó que la respuesta del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue que “un hijo con discapacidad es un problema tuyo, de la familia, no del Estado” y una horda de científicos devinieron en Eternautas para alertar sobre la toxicidad de un sistema que los asfixia. Todo ante las cámaras, todo a la vista. Y todos unidos bajo un lema que promete pasar de la ficción a la realidad nacional: «Nadie se salva solo».

Los reclamos que sonaron en las marchas de esta semana expusieron la crueldad de una gestión cuyas respuestas son un vaivén entre «no hay plata» y «son todos ñoquis». Los mismos argumentos con los que comenzó el gobierno de Javier Milei, pero un año y medio después.

El viernes, mientras en el Congreso recibían al personal del Garrahan y presentaban un proyecto de ley para crear un Fondo Especial destinado al principal hospital pediátrico del país, el presidente aseguraba: “Los K inventaron ñoquis y te acusan de insensible por desarticularlos”. Y acotaba que el tema «se había politizado». Curioso: fue su gobierno el que subejecutó las partidas hasta 50%, cerró fondos, congeló salarios, permitió las masivas renuncias de especialistas. Pero la motosierra no sería «política».

En este lapso, todas las situaciones por las que se marchó parecen haber llegado a un límite: el principal centro pediátrico de alta complejidad del país está en crisis por la fuga de 200 profesionales; en discapacidad ya cancelan prestaciones y hay establecimientos en peligro de cierre; y el ajuste sobre la ciencia es comparable al de la última dictadura.

Mientras aún resuenan los ecos de la absurda discusión mediática por el precio de una docena de empanadas, los números que importan son otros: un médico residente en el Garrahan cobra menos de $ 800 mil pesos por más de 60 horas semanales de trabajo, el nomenclador de prestaciones en discapacidad no se actualiza desde hace seis meses y los aranceles llevan un atraso del 73% respecto a la inflación; y la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto caerá 25% en 2025: será apenas el 0,15% del PBI.

«Se van a llevar puesto al Garrahan»

Fue la viceministra de Salud y segunda de Mario Lugones, Cecilia Loccisano, quien salió a defender las políticas del gobierno sobre el Garrahan. Aseguró que hay 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta, algo que refleja “un desorden administrativo”. Y apuntó: “no queremos financiar ineficiencias. La plata está, los recursos están, queremos que lleguen a donde tienen que llegar. Ya tenemos algunas soluciones y estamos buscando más”. Entre ellas, anunciaron control biométrico para vigilar la asistencia y planean pagar un plus por productividad. ¿Ganará más quien revise más rápido a chicos y chicas enfermos?

“Los administrativos son la mitad de lo que dicen (473, según el último anuario oficial). A propósito mezclan otras tareas que no tienen nada que ver. Hay 151 auxiliares, 263 ayudantes, 117 operarios, todos hacen distintas tareas. Y los médicos que dicen, no son todos. De los 581 cargos de conducción, la gran mayoría son médicos. Luego están los residentes, que la gran mayoría (250) son médicos. De profesión médica en el hospital hay más de mil personas trabajando”, aclara Alejandro Lipcovich, de la Junta Interna (ATE).

El Garrahan depende en un 80% del Estado Nacional y el 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque los residentes dependen directamente del Ministerio de Salud nacional. Además, el hospital genera ingresos propios por más de 2.000 millones de pesos mensuales a través del cobro de prestaciones a obras sociales y prepagas bajo el régimen de autogestión SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). Sin embargo, esos fondos —según denuncia el gremio— no se han utilizado para recomponer salarios ni cubrir las vacantes generadas por las renuncias.

Gastón Linaldelli es médico residente. Está en cuarto año, a punto de terminar: “ya estoy buscando trabajo. A priori en un lugar privado. No es que paguen exorbitantemente, pero pagan mínimo el doble de lo que estamos ganando hoy. Hubiese querido quedarme en el hospital. En septiembre, cuando me vaya, nadie va a querer entrar en estas condiciones. En los últimos seis meses se fueron siete residentes. Ya hubo fuga de unos 200 profesionales de la salud en el último año ymedio”.

El jueves, en medio de un paro por tiempo indeterminado, el Ministerio de Salud aceptó recibir a tres delegados residentes. Pero no hubo acuerdo ni lo hay en el horizonte. “Se pidió que levanten la medida de fuerza para avanzar y la asamblea decidió no levantar”, argumentó la cartera sanitaria ante la consulta de este diario.

“Se llegó a un punto de inflexión. La situación no da para más. Si la gente no lucha con nosotros, si no alzan la voz, estas personas que nos gobiernan se van a llevar puesto el Garrahan. No vemos ningún tipo de gesto ni inclinación por querer resolverlo”, alerta Linaldelli. En estas horas, el Ejecutivo puso más leña al fuego: sin mencionar ningún aumento salarial, dijo que descontará los días de paro a residentes y amenaza con desvincularlos y desaprobarlos.

Discapacidad, podio de la crueldad

En la competencia de crueldades que inauguró el mileísmo, la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad pelea entre los primeros puestos. No sólo por los dichos que trascendieron de su titular, Diego Spagnuolo, ante la mamá de un niño autista. También por haber emitido una resolución que trataba de “idiotas, imbéciles y débiles mentales” a las personas con discapacidad, por sembrar un manto de sospecha sobre quienes reciben pensiones no contributivas (una situación que ya fue elevada a la ONU por organizaciones sociales), auditadas mediante procesos que no contemplan la accesibilidad, y por dejar pasar meses y meses sin respuesta a prestadores de cuyas terapias depende el bienestar de más de 250 mil personas.

“De no determinarse una solución urgente, todo el sistema de prestaciones básicas se va a desarmar. Tiene que ver con servicios marcados por la Ley 24.901 y el Estado Nacional hace oídos sordos. Spagnuolo y Lugones son la cara visible de esta destrucción sistemática”, resume Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad.

Advierte que el gobierno va por más: “se corre el rumor desde fuentes del propio Estado de que van a sacar un decreto de desregulación que destruiría todo el sistema único, la disolución del Directorio, el pasaje de las escuelas especiales y los transportes a las provincias o municipios. Lo que importa es sólo el ajuste y las personas quedan arrojadas a su suerte”. De hecho, ya hubo un intento en mayo de 2024, incluso circuló el borrador de ese decreto, firmado por Spagnuolo y frenado –hasta ahora– a fuerza de repudios.

Nota Tiempo Argentino -Por: Luciana Rosende