Rosatti convocó a Rosenkratz y Lorenzetti en la Corte Surprema para “decidir” sobre la causa contra Cristina Kirchner

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, convocó para este martes a las 16 horas a sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para definir la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. En esta reunión especial, el máximo tribunal deberá decidir si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta por fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz.

La Corte tiene varias opciones: rechazar los recursos de Cristina y confirmar la condena (lo que implicaría su detención y proscripción política), aceptar que hubo violaciones constitucionales y analizar el expediente, o incluso elevar la causa para investigar asociación ilícita, lo que podría aumentar la pena. Aunque se espera una definición, no hay unanimidad ni certeza sobre el momento exacto del fallo, y Rosenkrantz estaría algo reticente y con viaje programado, mientras Lorenzetti presiona por una resolución rápida.

Esta convocatoria se da en un contexto de alta tensión política, con presiones para que la Corte no demore la sentencia antes del cierre de listas electorales, lo que podría dejar fuera a Cristina Kirchner de la carrera electoral. La expresidenta, por su parte, desafió públicamente a la Justicia, afirmando que "estar presa es un certificado de dignidad".

En resumen, hoy la Corte Suprema define el futuro judicial y político de Cristina Kirchner, con un fallo que podría confirmar su condena y marcar un antes y un después en la política argentina.

LA CAUSA VIALIDAD 

La causa contra Cristina Kirchner, que la tiene a un paso de una condena firme y prisión, resulta en muchos aspectos inverosímil y carente de pruebas contundentes para justificar semejante castigo. La acusación central sostiene que Cristina, como jefa de una asociación ilícita, direccionó 51 obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, con sobreprecios y obras inconclusas, pero estas afirmaciones se basan en interpretaciones judiciales cuestionables y pruebas débiles.

Por ejemplo, se señala que muchas obras fueron pagadas aunque no terminadas, y se habla de sobreprecios, pero no hay pruebas claras de que Cristina haya ordenado o se haya beneficiado directamente de esas irregularidades. Los mensajes de celular y vínculos comerciales con Báez son usados como indicios, pero no constituyen evidencia irrefutable de delito. Además, la fiscalía y los jueces han sido criticados por basar la condena en presunciones y no en pruebas concretas de responsabilidad penal directa.

La defensa de Cristina denunció desde el inicio un armado judicial y un "lawfare" político, señalando que la causa es un mecanismo para proscribirla políticamente y que no se respetaron garantías procesales ni se probó su participación efectiva en un delito. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, junto con la prisión, parecen más un castigo político que una decisión judicial basada en pruebas sólidas.

En definitiva, la causa Vialidad refleja una persecución judicial con pruebas endebles y argumentos que no resisten un análisis riguroso, pero que podrían terminar con la proscripción y encarcelamiento de una expresidenta sin fundamentos jurídicos sólidos.