En medio del escándalo de las coimas, la ANDIS dio de baja centros que dejan sin integración escolar a miles de chicos y chicas

Mientras el escándalo que desataron los audios sobre coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no para de escalar, el desguace del sector continúa a paso firme. Incluso, acelerándose. A las bajas de pensiones no contributivas que dejan sin sustento a miles de personas con discapacidad en todo el país, tras dudosas auditorías, se suma la avanzada sobre centros de integración que permiten que chicos y chicas con discapacidad asistan a la escuela con acompañantes terapéuticos. Desde el sector denuncian que al menos una decena fue dado de baja, dejando a más de cinco mil niñas, niños y adolescentes sin profesional integrador, y a igual cantidad de prestadores sin ingresos.

El proceso para dar de baja la categorización que autorizaba a estos centros a trabajar para obras sociales se dio, también, a partir de auditorías cuestionables. Con motivos como falta de datos en historias clínicas o ausencia de legajos impresos (cuando la documentación sí estaba en formato digital). En algunos de los centros afectados recibieron la notificación con la firma de Diego Spagnuolo, protagonista de los audios del estallido, corrido de la ANDIS por el gobierno de Javier Milei y convertido en chivo expiatorio.

“Hace dos semanas empezó esto. Nos comunicaron una resolución de baja que firmó Spagnuolo y a los dos días lo hicieron renunciar. Una de las últimas resoluciones que firmó fue nuestra baja. Esto se enmarca en una auditoría de control bastante arbitraria y agresiva, que recibimos con sorpresa”, describió un profesional de un centro de integración en Avellaneda, que por el momento prefirió mantener su identidad en reserva. “Al menos tuvimos oportunidad de hacer pasar a los auditores, sabemos de otros casos donde por no atender el timbre –tal vez porque no funcionaba- les dieron la baja”, añadió.

Cecilia Junqueira, directora de Equipo Construyendo, explicó a Tiempo que “si dan la baja en la ANDIS, ese centro deja de pertenecer al listado de centros categorizados con la implicancia que las obras sociales no puedan cobrar más el recupero del Estado y tengan que pagar de sus fondos las prestaciones. La mayoría de las obras sociales, si no es con un centro categorizado, no trabajan. Porque no pueden absorber el pago de la prestación”. Junqueira detalló que “son más o menos cinco mil chicos, chicas y jóvenes en esta situación. Lo que hacen algunas prepagas es derivar a otros centros que tienen la categorización vigente. Las familias están muy angustiadas y son más o menos diez los centros que conozco con la categorización dada de baja de una forma que no cumplimenta la normativa vigente”.

“Un baldazo de agua fría”

Camila Falbo es mamá de un niño de cinco años que asiste al jardín con docente integrador de Equipo Construyendo. La semana pasada, a través de una reunión por Zoom, desde ese centro les informaron a más de 200 familias que la auditoría había dado resultado negativo y ya no tenían la categorización como prestadores del servicio de integración escolar. “Tuve que hacerme cargo yo de la integración de mi hijo. Un baldazo de agua fría, a tres meses de terminar las clases”, describió a este medio.

“Estuve al borde de un ataque de pánico cuando pasó todo esto. Imagínate lo que es para nosotros escuchar esos audios que se viralizaron… Hay muchas familias que no pueden pagar de forma particular. Algunas fueron a reclamar a ANDIS, pero te dicen ‘cambiá de centro’, y a esta altura del año es muy difícil. Más cuando hay tantas familias buscando”, lamentó.

Por la falta de actualización del nomenclador que establece –a nivel nacional- los montos que se paga a los prestadores del sector, una profesional integradora que trabaja de lunes a viernes con un niño o niña de nivel inicial cobra 310 mil pesos por mes. “Es una miseria. Pero para las familias, tener que enfrentarlo de golpe, es un montón”, definió Falbo.

Días atrás, la mujer difundió una carta para dar a conocer la situación de su niño, que es la de tantos. “Lisandro ya no lucha por su vida como en aquellos primeros días (cuando nació prematuro, con apenas 6 meses de gestación y pesando 500 gramos), pero sí lucha día a día por tener la mejor vida posible. Contra todos los pronósticos médicos —que aseguraban que jamás podría sentarse, caminar, hablar o dejar los pañales— mi hijo fue alcanzando metas que parecían imposibles. Cada avance suyo no fue un milagro: fue el fruto de su enorme fortaleza y del acompañamiento de profesionales que lo sostuvieron en este camino. Fue, sobre todo, el resultado de la lucha incansable de Licha. Hoy escribo desde ese dolor y esa desesperación, porque están en riesgo los apoyos que permiten que Lisandro y miles de chicos como él puedan seguir superándose”, escribió.

“Yo no puedo aceptar que la lucha de mi hijo —y de tantos otros— se vea arrasada por decisiones que solo miran números. No puedo aceptar que un Estado que debería protegerlos sea el mismo que los abandona”.

“La Ley de Emergencia nos va a quedar corta”

Este lunes al mediodía, frente a la sede central de la ANDIS –en Dragones y Mendoza- hubo una concentración y radio abierta para denunciar la situación. “Venimos llevando una lucha inmensa por La ley de Emergencia en Discapacidad, pero con todo lo que está pasando nos dimos cuenta que la ley nos va a quedar corta. Nos va a sacar un poco del ahogo, pero nos va a quedar muy corta porque si la corrupción y el ajuste siguen avanzando no va a haber dónde aplicar la ley”, alertó desde allí Rocío Librandi, del colectivo Prestadores Precarizados, quien trabaja en integración escolar desde hace 15 años.

“Aparte de estar auditando a las personas con discapacidad que tienen que demostrar que su discapacidad es real, también están auditando centros de día, hogares, centros de integración. La semana pasada cerraron más de diez centros de integración dejando a más de cinco mil niños, niñas, jóvenes, sin sus apoyos en las escuelas, sin sus terapias”, denunció. Agregó que “más de 5.000 trabajadores nos encontramos despedidos de un momento a otro por estas auditorías que no tienen ninguna base, en ninguna normativa, en ninguna resolución. Los motivos que dan, por los cuales les sacan a los centros su categorización, son realmente ridículos. Les sacan su número de prestador por no tener los legajos en formato papel o porque las historias clínicas están incompletas, pese a que ninguna normativa da cuenta de eso”.

Librandi alertó que “están vaciando la ANDIS y están investigando a Spagnuolo, pero no a los principales responsables: Karina, Lule y Milei. Exigimos que se esclarezca y que no se investigue de manera selectiva”.

Hasta el cierre de esta nota, la ANDIS no había dado respuesta sobre el número total de centros de integración que fueron dados de baja en la categorización de prestadores de integración escolar, cuáles fueron los motivos formales y qué alternativas se les dio a las familias que, de un día para el otro, tuvieron que salir a buscar otros centros con profesionales integradores para que sus chicos y chicas no vieran interrumpida su escolarización.

Nota Tiempo Argentino - Por: Luciana Rosende