Censura a los audios de Karina: Un golpe certero al corazón de la libertad de expresión

La orden del juez federal en lo civil y comercial Alejandro Maraniello que le puso un cepo a la libertad de expresión al prohibir la difusión de audios de conversaciones de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, grabados en la Casa Rosada desató una ola de críticas de abogados constitucionalistas y especialistas que ya advirtieron que la medida judicial vulnera el acceso a la información. 

"No sé qué calificativo utilizar", aclaró de entrada el abogado y doctor en Ciencias de la Información, Damián Loretti, docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien cuestionó el fallo del juez Maraniello. "Diría que es inédito, pero alguna vez existió. No tiene antecedentes en la jurisprudencia. A nivel federal, no hay precedentes de esto”, sintetizó.

Según explicó el fallo incurre en “varios problemas”, ya que en la legislación y en la jurisprudencia “no se prevé censura previa por ninguna razón, salvo que el artículo pruebe la censura previa para la protección de niños y adolescentes en espectáculos públicos, pero porque hay convenios especiales”.

“Ayer no encontré ninguna ponderación que permita que el derecho a estar informado debiera ceder”, explicó y sostuvo que en casos internacionales, como “en el caso de los papeles del Pentágono (en Estados Unidos), los biblioratos donde estaban los planes de guerra de Vietnam se publicaron”.

“Ahora, no hay que perder de vista una cosa, toda medida de restricción al ejercicio de libertad de expresión requiere que esté fundado en ley previa, que esté destinado a proteger un fin legítimo claro e indubitable y las medidas, a efectos de no generar efectivos inhibitorios, tiene que ser la más restricta posible”, afirmó.

Es decir, que de aplicarse la censura, debe “tener el menor grado de libertad de expresión”. “Acá no hay ningún estudio para pedir estas cosas. Nunca es la medida menos restrictiva a la libertad de expresión lo que está ocurriendo”, denunció.

De hecho, dijo, incluso se le está pidiendo a Enacom tomar medidas que van más allá de sus capacidades: “Piden se dirija a medios gráficos y no tiene jurisdicción sobre eso ni sobre redes sociales. Es una medida cautelar dada contra no se sabe quién y sin lapso”.

Una ola de críticas

La catarata de cuestionamientos al fallo judicial y la presión del Gobierno a un juez flojo de papeles —Maraniello acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso y abuso sexual— corrió el foco de la discusión del escándalo de presuntas coimas con la compra de material sensible como son los medicamentos para personas con discapacidad, y puso en el centro el intento de censura impulsado desde las más altas esferas del poder político argentino.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que “la interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés y funcionarios públicos. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. 

En la misma sintonía, el abogado Pedro Camino redondeó: “No se puede invocar la intimidad si los audios son de interés público. Y si no se trata de esas cuestiones, el camino es la acción de daños y perjuicios. Las medidas previas son, como regla, inadmisibles. Ninguna autoridad, ni la judicial, tiene atribuciones para impedir la difusión de información”.

La censura viene con antecedentes

En Argentina, el caso más emblemático que muchos recordaron en las últimas horas ocurrió a comienzos de la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem que tanto añora Javier Milei: en 1992, la jueza María Romilda Servini de Cubría fue a la Justicia para obtener una cautelar a favor e impedir que el programa del cómico Tato Bores publicara un sketch donde la mencionarían de forma sarcástica.

Entonces, Tato Bores llenó el estudio de televisión con un centenar de personalidades de la cultura, la política, los medios y el deporte que entonaron, a viva voz y unidos, "la jueza Baruburububudía, la jueza Baruburububudía, la jueza Baruburububudía es lo más grande que hay", durante largos minutos. 

Un antecedente histórico de censura ocurrió en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1970, cuando el gobierno de Richard Nixon fue a la Corte para impedir que el diario New York Times publicara los papeles del Pentágono, una serie de documentos que revelaban información sobre la guerra de Vietnam. Ese material había sido sustraído de forma clandestina de los archivos oficiales. 

El gobierno entonces alegó que se violaba la seguridad norteamericana, pero finalmente la Corte falló a favor del New York Times, que finalmente junto al Washington Post pudieron publicar las pruebas. 

Fuente Página 12