El gobierno refuerza con decretos su ofensiva contra trabajadores y sindicatos

El resultado de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires dio al gobierno el respaldo político que cree necesario para acelerar su ofensiva contra los trabajadores y sus organizaciones.

A pesar del carácter distrital de los comicios, el oficialismo interpretó el triunfo de Manuel Adorni como un aval de orden nacional a la gestión del presidente Javier Milei. La disputa con el PRO de Mauricio Macri, que se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, tendió a nacionalizar el debate y proyectar sus resultados.

El gobierno pretende emerger del proceso electoral con la mayor cantidad de escaños en sus bloques legislativos para avanzar en el Congreso con las reformas estructurales que tiene en carpeta y que comprometió con el Fondo Monetario. Fundamentalmente, una nueva y más profunda reforma laboral, otra de carácter tributario y una tercera del sistema previsional.

¿Fortaleza política?

Si las elecciones del domingo pasado hubieran sido nacionales, sin embargo, ese objetivo no se hubiera cumplido en tanto el crecimiento electoral del oficialismo se produjo a expensas del PRO, cuyos diputados acompañaron prácticamente todos los proyectos de La Libertad Avanza y adelantaron su acompañamiento a esas tres grandes reformas. Por otro lado, el respaldo político que cosechó Manuel Adorni, solo llegó al 30% que se reducen a apenas un 15% del electorado si se considera el enorme abstencionismo que se registró en la Ciudad de Buenos Aires.

Quizás ese sea el motivo por el que, a pesar de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció al día siguiente su intención de avanzar con las reformas pendientes en octubre, una vez que concluyera el proceso electoral, el Poder Ejecutivo salió rápido a marcar la cancha con dos decretos y una resolución ministerial publicados entre el martes y el miércoles pasados. Así busca exhibir iniciativa y sobreactuar el respaldo político conseguido.

Apunta la médula del movimiento obrero

La batería de decretos publicados tiene un blanco muy definido. Se trata de una ofensiva directa contra los trabajadores, sus organizaciones sindicales y, especialmente, su derecho a ejercer la protesta como un punto de partida para defender todos los otros derechos y conquistas.

El DNU 340/2025 que, con el título de “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, busca desregular esa actividad para llevarla al grado de esencialidad. De un plumazo, dispone la ilegalidad de la huelga para un conjunto de otras actividades que cataloga de “esenciales” y a las que les impone la obligatoriedad de garantizar la prestación del 75% del servicio.

Allí, tal como lo disponía el Título IV del DNU 70/2023, suspendido por la Justicia laboral y a la espera de su tratamiento en Diputados luego del rechazo del Senado, incluye los servicios sanitarios y hospitalarios como el transporte y distribución de medicamentos e insumos y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, los servicios aduaneros y migratorios, y “otras actividades vinculadas al comercio exterior”, la educación en todos sus niveles y el transporte marítimo y fluvial de personas y mercaderías.

A la vez, limita el derecho a huelga hasta el 50% de la prestación para aquellos sectores que categoriza como de “importancia trascendental” y que incluyen la producción de medicamentos e insumos hospitalarios, el transporte terrestre y subterráneo de personas y mercaderías, los servicios de radio y televisión; las actividades industriales continuas, la industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios y logísticos, la actividad minera, frigorífica, los correos, la distribución y comercialización de alimentos y bebidas, la actividad agropecuaria; los servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Dentro de las dos categorías se podrían encuadrar a prácticamente todas las actividades económicas. Sin embargo, el DNU reserva a una comisión de notables que se conformará según lo disponga la reglamentación, a cargo del Poder Ejecutivo, el derecho de determinar la esencialidad o “importancia trascendental” de cualquier otra actividad dando por tierra definitivamente con el derecho a huelga en la Argentina.

El DNU 342/2025, por su parte, apunta a reformar la ley de asociaciones sindicales restando injerencia y poder de arbitraje a la cartera de Trabajo y dándole una mayor influencia al Poder Judicial a la hora de dirimir conflictos o divergencias internas en los sindicatos. Los gremios todavía analizan el alcance de la medida que, dependiendo el contexto y el interés particular, podría perjudicar a unos u otros.

La que rápidamente recogió el rechazo de los sindicatos afectados fue la resolución 34/25, del Ministerio de Desregulación, que impone el control de la actividad gremial en el Estado al exigir nóminas de delegados y activistas e intentando reducir a su mínima expresión la representación sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya adelantó que prepara una demanda para frenar su implementación porque la considera persecutoria contra los delegados y sindicatos. Para Andrés Rodríguez, titular del otro sindicato estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se trata de “medidas que buscan coartar la libertad sindical, intentando limitar el ejercicio pleno de lo que deben ser las entidades sindicales. Esto se suma a la limitación del derecho a huelga”.

Clima templado

Sin embargo, el jueves último, Héctor Daer se reunió con Guillermo Francos y descartó la posibilidad de rechazar las medidas mediante un paro general porque, ante la pregunta de un periodista, confirmó que “no hay clima”. Lo curioso es que para él, el paro general de hace poco más de un mes fue un “éxito rotundo” mientras que ninguno de los reclamos fue resuelto. Al contrario, el gobierno decidió apretar el acelerador en su ofensiva contra los trabajadores.

Daer señaló que “vamos a resolver primero que nada el tema judicial” (ver página 5) y puntualizó que “no evaluamos un paro general. Lo que va a haber son discusiones por actividad. Lo que pueda ir por arriba de la inflación, si el gobierno no lo homologa, generará una doble discusión, primero la del salario y luego la de la homologación”.

La ofensiva de fondo

El sentido de las medidas, más allá de su viabilidad legal en tanto son evidentemente inconstitucionales y repiten el contenido de lo que ya fue rechazado por la Justicia, es dejar atado de pies y manos al movimiento obrero ante la persistencia del cepo salarial y, más de fondo, el inminente tratamiento del proyecto de ley de la “verdadera reforma laboral” (tal como lo calificó Milei), presentado por la diputada libertaria Romina Diez.

Allí, entre otros puntos, se dispone la modificación de los criterios de irrenunciabilidad y la flexibilización de la jornada de trabajo habilitando medidas como el banco de horas y la polifuncionalidad. La irrenunciabilidad, por otra parte, resulta un concepto que es pilar de la estructura sindical y la justicia laboral en tanto dispone la ilegalidad de todo en el que la parte laboral renuncie a derechos amparados por normas superiores como la Ley de Contratos del Trabajo o los convenios sectoriales. Derogar ese criterio, que se ampara en el carácter asimétrico de la relación laboral, implica una perforación de los convenios y, de fondo, del poder de los sindicatos y la actuación colectiva de la clase trabajadora.

El proyecto, además, ofrece exenciones impositivas en materia de contribuciones patronales a aquellas empresas que contraten a beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y, también, a empleados del sector público puestos en disponibilidad por el gobierno.

El desafío que propone el gobierno es nítido. Resta saber si hay disposición de las conducciones sindicales para dar una respuesta o, en todo caso, si la misma se produce generando un desborde como ocurre con el conflicto salarial en la UTA. «

Nota Tiempo Argentino-Por  Alfonso de Villalobos