La desprotección laboral avanza

En Argentina hay 6 millones de personas que tienen trabajos desprotegidos: sin aportes, sin estabilidad y sin capital propio para emprender ni calificación. Para este enorme segmento de la población, el trabajo dejó de ser una fuente de certidumbre y ascenso social. Ya no funciona como un ancla que permita planificar la vida cotidiana, proyectar decisiones o sostener expectativas de futuro. Por el contrario, predomina una lógica de supervivencia: “pan para hoy e incertidumbre para mañana”.

La definición de “trabajo desprotegido” no es oficial, sino que es propia del Instituto Argentina Grande (IAG) que presentó su 5° Dossier de este indicador. El mismo se construyó sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que es la fuente de las estadísticas oficiales de empleo a nivel nacional. Los 6 millones de trabajadores precarios son una cifra consistente con una tasa de informalidad del 43 por ciento de la población ocupada, una tabulación que presenta el Indec en sus informes.

Ingresos inestables, jornadas extensas, ausencia de derechos laborales y una competencia feroz por ocupaciones de bajísima productividad son algunas de las cualidades que tiñen a este tipo de empleo. A esta fragilidad se suma, en muchos casos, la falta de calificación formal, lo que limita aún más las posibilidades de inserción en empleos de calidad. A su vez, se trata de los primeros trabajadores que serán afectados ante una recesión.

Este tipo de empleo lejos de estar en caída o estancado reflejando un aspecto virtuoso del ciclo económico, está en franco aumento en Argentina. Según la información procesada por el IAG, entre el segundo trimestre de 2024 y el de 2025 se sumaron 142.000 puestos desprotegidos en el país y solo 33.000 protegidos, mientras se perdieron 169.000 empleos públicos (la tercera categoría que completa esta tabulación). Es decir, la informalidad se expande en un contexto de magro crecimiento del PBI, caída del consumo y de los salarios.

Todo el mercado laboral se ha vuelto más precario en la Argentina de Milei. De acuerdo a la medición del IAG, la tasa de desprotección llegó en el segundo trimestre al 44,7 por ciento de los ocupados, un máximo histórico, con empleo protegido prácticamente estancado y un Estado que se sigue achicando, en el marco del proceso de desaforado ajuste fiscal llevado a cabo por el Gobierno. El problema es que las personas que migran del empleo público parecen encontrar trabajos sin ningún tipo de protección ni estabilidad.

El empleo en las aplicaciones, de transporte o delivery gastronómico, así como el emprendedorismo en negocios de bajos ingresos se han vuelto opciones muy difundidas ante la pérdida de un empleo formal, tanto en el sector público como privado. Es un “emprendedorismo de necesidad” que se contrapone al “emprendedorismo de oportunidad”, ya que la persona se convierte en cuentapropista no porque identificó un nicho de mercado o quiere escalar su negocio, sino porque necesita generar un ingreso ante el desempleo o la insuficiencia salarial.

Este modelo de empeoramiento en la calidad laboral, asimismo, acentúa las brechas de género. Según la información procesada entre el segundo trimestre de 2023 y de 2025, en el caso de las mujeres cayó levemente la cantidad de puestos de trabajo protegidos y aumentó en un 9 por ciento la desprotección laboral. Mientras que entre los varones creció el empleo en condiciones de protección un 6,7 por ciento y se mantuvo estancado el empleo desprotegido. En cuanto al empleo en el sector público, se achicó fuertemente tanto para mujeres como varones.

El Estado se envejece

“Si bien la reducción del empleo público no tiene casi distinción por género -cayó un 11 por ciento en los hombres y un 9 por ciento en las mujeres- sí podemos decir que el empleo público se achicó porque perdió jóvenes”, sostiene el dossier del IAG.

Según sus cálculos, en los últimos dos años se redujo un 43 por ciento la cantidad de jóvenes de 18 a 26 años que trabajan en el Estado. Esta contracción no sólo redefine la estructura etaria del sector público, también desarma uno de los pocos canales de ingreso laboral formal que tenían los jóvenes en un mercado cada vez más restrictivo.

La caída del salario en el sector público, que desde noviembre de 2023 bajó un 33 por ciento según este análisis, explica en buena medida este movimiento y profundiza la fuga de jóvenes hacia sectores con mejores perspectivas salariales y de estabilidad. Entre las edades de 27 a 35 años también el empleo público se redujo, un 15,6 por ciento, y para las y los trabajadores de entre 36 y 50 años el mismo cayó 5,7 por ciento.